Por Constanza Villegas
Abogada, Directora Provincial de Compra Centralizada y Convenios Marco en el Organismo Provincial de Contrataciones y becaria de PA+.
La industria extractiva en Argentina ha sido, históricamente, un pilar clave para el crecimiento económico, la seguridad energética y el desarrollo social. Con vastas reservas de gas no convencional y litio, el país tiene una posición estratégica única que podría cimentar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Sin embargo, las decisiones políticas y económicas actuales definirán si estos recursos se convierten en un puente hacia un futuro próspero o en una hipoteca a largo plazo que perpetúe nuestra dependencia.
El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, recientemente renombrado por el Gobierno Nacional, es un claro ejemplo del impacto positivo que puede generar una política pública estratégica. Esta obra permitió reducir la dependencia de costosas importaciones de gas natural licuado, mejorar la balanza comercial y generar empleo directo e indirecto. Además, puso en el centro del debate la importancia de fortalecer la soberanía energética. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de tensiones, ya que desde su inicio fue un campo de disputa política que expuso las dificultades de construir consensos en torno a un modelo de país basado en la sostenibilidad y la equidad.
El litio, conocido como el «oro blanco», plantea desafíos similares. Como parte del «triángulo del litio», junto con Bolivia y Chile, Argentina concentra más del 50% de las reservas mundiales de este recurso clave para la transición energética global. Aunque indispensable para baterías de vehículos eléctricos y tecnologías limpias, su explotación en Argentina se ha limitado principalmente a la exportación de materia prima con escaso valor agregado. La reciente propuesta de ley para la industrialización del litio, impulsada por la diputada Julia Strada, busca extraer el mineral, desarrollar tecnologías y capacidades productivas que permitan a Argentina participar en segmentos de mayor valor agregado, como la fabricación de baterías y la producción de celdas de ion-litio. Es fundamental fomentar políticas que apoyen la transición hacia la electromovilidad y el desarrollo de tecnologías limpias, alineando así el crecimiento económico con los objetivos de sostenibilidad y mitigación del cambio climático.
En este contexto, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei como parte de la Ley de Bases, representa una política que prioriza los intereses de grandes capitales en detrimento del desarrollo industrial local. El RIGI ofrece exenciones impositivas y beneficios exclusivos a empresas extranjeras que realicen inversiones significativas, pero omite exigir compromisos de transferencia tecnológica, generación de empleo local o agregación de valor. En el caso del litio, este régimen facilita la extracción y exportación sin fomentar la construcción de plantas locales para fabricar baterías, perpetuando a Argentina como proveedor de materia prima barata mientras otros países cosechan los beneficios de la industrialización.
Como señalaba Daniel García Delgado, ex Director de la Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, los recursos naturales no deben ser tratados como simples commodities, sino como herramientas estratégicas para el desarrollo. La creciente demanda global de energía, minería y alimentos, junto con el agotamiento de recursos en otras regiones, refuerza la necesidad de gestionar estos activos con visión a largo plazo. Sin embargo, no podemos permitir que esta gestión responda únicamente a la lógica del lucro privado. La explotación de recursos debe contemplar el interés nacional, promoviendo el crecimiento económico, la equidad social y la mejora de la calidad de vida.
El debilitamiento de las capacidades estatales, exacerbado por políticas como el RIGI, y cuestionamiento permanente hacia la estructura Estatal por parte del Gobierno Nacional, pone en riesgo la posibilidad de replicar proyectos estratégicos como el Gasoducto Néstor Kirchner. La falta de incentivos para inversiones nacionales y la priorización de intereses extranjeros limitan el potencial del Estado para liderar políticas que garanticen un desarrollo inclusivo y sostenible. Recuperar el protagonismo del Estado es esencial para regular las actividades extractivas, fomentar la industrialización y articular intereses públicos y privados en beneficio de la sociedad.
A pesar de las adversidades, es momento de instalar el tema en agenda. Debemos decidir como pueblo, si queremos ser un país que gestiona estratégicamente sus recursos naturales para fomentar el desarrollo nacional o uno que se conforma con vender su patrimonio sin pensar en las generaciones futuras. Como dijo Juan Domingo Perón: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales.”
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